Discapacidad y absentismo laboral. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que son los jueces españoles los que deben determinar cuando existe discriminación

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido que la normativa europea
permite considerar que hay discriminación indirecta hacia las personas con discapacidad
en el Estatuto de los Trabajadores español, que permite despedir por ausencias
reiteradas justificadas, pero que dicha discriminación podría estar justificada si, como sostiene el Gobierno español, realmente persigue la finalidad legítima de combatir el absentismo y no va más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo. TSJUE

 

 

 

 

La normativa nacional española que permite a un empresario despedir a un trabajador por ausencias reiteradas al trabajo, aunque estén justificadas y sean consecuencia de enfermedades derivadas de una discapacidad del trabajador, va contra la Directiva sobre Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación. Según ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la legislación española «supone una discriminación indirecta contra las personas con discapacidad» aunque «dicha discriminación podría estar justificada «si persigue la finalidad legítima de combatir el absentismo y no va más allá de lo necesario».

Doctor

Los jueces europeos consideran que «combatir el absentismo laboral constituye una finalidad legítima a efectos de la directiva», aunque debe ser el juez español quien evalúe si el Estatuto de los Trabajadores respeta la legislación comunitaria con respecto las personas con discapacidad y «no va más allá de lo necesario» para alcanzar el objetivo.
Según el Estatuto de los Trabajadores no computan como faltas intermitentes al trabajo que permiten el despido, las ausencias que obedecen a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.
En cuanto a la discriminación, los jueces reconocen que un trabajador con discapacidad está más expuesto al riesgo de sufrir bajas por enfermedad de forma que «corre un mayor riesgo de acumular faltas y alcanzar los límites previstos en el Estatuto de los Trabajadores, pudiendo ser despedido».
En este sentido, concluye que la norma española puede «desfavorecer a los trabajadores con discapacidad» y puede suponer «una diferencia de trato indirecta por motivos de discapacidad».

Mazo justicia

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